Pensar la educación inclusiva en los museos

Pensar la educación inclusiva en los museos supone admitir que estas instituciones tienen en la actualidad una función diferente para la que fueron creadas en los siglos XVIII y XIX. Ya no son lugares pasivos donde se acumulan objetos sino que ahora adoptan un papel activo en la interpretación de la cultura, el desarrollo de los procesos educativos, el fortalecimiento de la ciudadanía, el respeto a la diversidad cultural y la mejora de la calidad de vida. En otras palabras, los museos han asumido plenamente su papel social. Esto también significa que al museo le corresponde una función educativa como un todo, no como responsabilidad de un departamento concreto, hasta el punto ideal de que podemos pensar en un museo que sea, por naturaleza, educativo. Por eso ya no basta con mantener un área de educación para divulgar informaciones estáticas de los objetos del museo, ni tampoco exponer conocimientos construidos al margen de las comunidades que le rodean o las sociedades en las que están insertos.

Como principio para la elaboración de las acciones inclusivas en el museo partimos de la idea de que la cultura es un derecho. Los llamados derechos culturales forman parte de los derechos humanos fundamentales, y se suman a los políticos, sociales y económicos. Algunos autores intentan relacionar los derechos culturales con la práctica de los museos en particular. Es el caso del británico David Anderson, que propone lo siguiente: “Basándonos en la legislación internacional, ¿qué derechos pueden tener los ciudadanos de las democracias occidentales en relación con los museos? Mi propuesta es que todos tengan derecho a: 1) el reconocimiento de su identidad cultural; 2) contactar con otras culturas; 3) participar en actividades culturales; 4) oportunidades para la creatividad; y 5) desarrollar su libertad de expresión y de pensamiento crítico.” 

Ahora bien, ¿cómo pueden los museos poner esto en práctica? El mismo autor afirma que es posible con distintas estrategias. Por ejemplo, 1) “un compromiso de principios para enfrentarse a las desigualdades con la implicación cultural; 2) aceptando que la población, como un todo, es tan capaz, inteligente y experta culturalmente como los profesionales de los museos; 3) emprendiendo acciones efectivas que promuevan mejores oportunidades de aprendizaje y creatividad; 4) permitiendo la participación de los públicos objetivo y personalizando los servicios del museo en función de sus necesidades; 5) llevando sus servicios más allá de la institución y hacia las comunidades; 6) invirtiendo de forma continuada en investigación de aprendizaje y evaluación en apoyo de estas acciones; y 7) cambiando el sentido de lo que quieren ofrecer los museos hacia lo que es necesario para el bienestar individual y comunitario.”

Estas propuestas sirven, ante todo, como provocaciones para los profesionales de los museos. Con ellas podemos cuestionarnos no sólo nuestras prácticas y planes de acción, sino también reflexionar sobre el desarrollo de nuestra función institucional.

Voy a terminar con una cita de la museóloga brasileña Waldisa Russio, quien afirma que “(…) la preservación del patrimonio cultural es un acto y un hecho político, y debemos asumirlo como tal, incluso en nuestras áreas específicas de acción profesional. En el caso del museólogo, trabajador social, significa no rechazar la dimensión y el riesgo político de su trabajo.”

La expresión “trabajador social”, en la cual, además de a los museólogos, incluimos a los educadores y demás trabajadores del museo, indica que estos profesionales deben asumir conscientemente el carácter político de su actuación, y evitar la aparente y falaz separación entre la acción cultural y la social.